Hoy un diario argentino, La Nación, informa que la Justicia dictaminó la necesidad de realizar un peritaje para investigar el patrimonio de uno de los ex-secretarios de Cristina Fernández de Kirchner. Fabián Gutiérrez, que ya no está en su cargo, multiplicó sus bienes por ocho durante los cinco años en los que ocupó el cargo de funcionario público de secretario de la Presidenta.
Ayer otro diario argentino, Perfil, publicaba una entrevista con el dueño de la empresa Covelia: Ricardo Depresbíteris. A lo largo de la misma, entre otras respuestas y declaraciones, Depresbíteris preguntaba indignado "qué es lo que tenía de malo tener una Ferrari, un barco o vivir en Puerto Madero".
Hace varios días, y en relación al bloqueo que sufrieron los diarios Clarín y La Nación, todos hemos podido leer decenas de notas y columnas de opinión sobre sindicalismo, sindicalistas y derechos de protesta de los trabajadores, el monopolio mediático o la libertad de expresión.
Estas y otras muchas cuestiones tienen un punto en común: "no es el qué, es el cómo".
Los secretarios o ex-secretarios de la Presidente que se enriquecieron de forma insólita son varios. Los funcionarios que también lo hicieron son otros tantos. La misma Presidente y su difunto esposo son un claro ejemplo de enriquecimiento asombroso y muy cuestionable tanto durante la dictadura, la gobernación en Santa Cruz o los dos mandatos presidenciales.
No hay nada ílícito en hacerse rico. El "cómo" uno se haga rico, es la cuestión. Y esa cuestión toma máxima importancia cuando se produce mientras se ocupa un cargo público, sea este del rango que sea.
Tampoco hay nada de malo o ílicito si uno es empresario, en tener una Ferrari, un barco o vivir en Puerto Madero. No es lo "qué" se tiene... sino "cómo" se obtiene lo que puede ser no sólo malo sino delito. En un país en el que tanto se habla de "gorilismo", "oligarquía" y "derecha", igualmente (o más) se debería hablar de las "nuevas oligarquías" que obtienen pingües negocios vía aprietes, presiones u extorsión. Y debería hacerse aún mucho más, cuando esos negocios - por ejemplo, el de recolección de basuras al que se dedica Covelia - son servicios públicos que pagan los contribuyentes.
En cuanto al derecho de protesta de los trabajadores, los conflictos laborales o la libertad sindical, no debemos olvidar bajo qué parámetros funcionan en el país con el consentimiento y la desidida del Gobierno. La Constitución Argentina expresa de forma meridianamente clara que la libertad sindical es un derecho básico de todos los trabajadores. ¿Por qué el gobierno se empeña en violarla a base de manejar a su antojo la concesión o no de personería gremial?. ¿No debería haber leyes que regulen el derecho de huelga, el cumplimiento de unos servicios mínimos, o garantizar cuestiones básicas tanto en defensa de los representantes gremiales como de los ciudadanos afectados por cientos de protestas que les hacen la vida imposible?
Ese permanente ojo "tuerto" es el mayor y más constante retroceso en el que vive la Argentina. No hace falta que, - como afirmaba Hebé de Bonafini hace unos días - vuelva la derecha para "retroceder 50 años". Ese retroceso está instalado desde hace mucho y - lo que es peor - este gobierno, que se auto-denomina "progresista" y "nacional & popular", no ha hecho el menor intento por variar la situación.
Corrupción, nuevos millonarios que abusan de su cargo y condición, funcionarios que incumplen las leyes y atentan contra la paciencia y la inteligencia de la gente; sindicalismo sin verdadera libertad sindical, protestas que no se regulan, o derechos básicos de la ciudananía que son violados día sí, día no. Todo eso sigue ahí... no ha variado en realidad.
No es el "qué"... es el "cómo". Y el "cómo", por desgracia, permanece igual.
